No conozco a Yamilett

 

Sin duda el nombramiento de Yamilett Orduña es político, como lo son todos los cargos en el gobierno. Sin embargo, considero que a quien se debe cuestionar es a Jaime Rodríguez, por tal designación.

Yo hubiera preferido que  al frente del Instituto de las Mujeres de Nuevo León esté una feminista comprometida. Apoyé, como muchas otras, (en aquel ejercicio de simulación del nuevo gobierno) a Norma González Izaguirre. Luego me enteré del interés de Cordelia Rizzo, y me parecía excelente opción también.

Muchos años llevo trabajando desde el enfoque de género, y soy feminista. Y lo soy muy decepcionada de la falta de políticas públicas reales que favorezcan a las mujeres.

Yamilett, a quien, repito, no conozco, está siendo seriamente cuestionada, lo cual es válido, pero lo que yo no veo, y no hemos hecho las feministas de Nuevo León es cuestionar los más de 12 años de la anterior gestión a cargo del Instituto. Porque yo pregunto:  ¿qué se ha hecho en ese tiempo?  ¿Cuáles políticas publicas concretas y reales se han aplicado a las mujeres de Nuevo León?

Estuve en los inicios de esa institución, y dudo que los objetivos trazados se hayan siquiera impulsado con un auténtico compromiso. Puedo estar equivocada, pero quisiera que alguien me diga diez, solo diez acciones efectivas, reales que hayan impactado favorablemente la vida de  las mujeres de Nuevo León

Como feminista lo digo, aunque me cueste, que no basta ser feminista,  o que digan serlo, ni tampoco saber  de equidad de género. Lo que se requiere es una auténtica voluntad política para abonar hacia una real igualdad sustantiva.  ¿Habrá esa voluntad? ¿Se abrirá el Instituto a un real Consejo de Participación Ciudadana con expertas en los temas de derechos humanos de las mujeres? Exijamos, y pidamos cuentas de lo que se hizo o de lo que se omitió hacer.

Juana María Nava Castillo

 

 

 

 

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Organizaciones de mujeres alertan sobre la inminente votación de reforma constitucional en Nuevo León

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Se prevé que este miércoles sea votada en sesión extraordinaria

Juana María Nava Castillo / Agencia SeMéxico

Monterrey, Nuevo León. 18 de agosto de 2015.- Ante la inminente posibilidad de que este miércoles en Nuevo León sea aprobada la reforma constitucional que pretende dotar de personalidad jurídica al embrión,  mujeres de diversos colectivos y de la academia hicieron un llamado a las y los legisladores para que voten en contra del dictamen avalado por mayoría el año pasado en una primera votación.

De aprobarse en segunda vuelta, la reforma al artículo primero de la Constitución local, se daría al traste con los derechos de las mujeres a la libre decisión y pone en riesgo las excepciones marcadas actualmente en la ley para la interrupción del embarazo cuando las mujeres son violadas, corra en riesgo su salud o peligre su vida.

Ante esto, diversas organizaciones e integrantes de la academia, se pronunciaron en contra de la modificación, propuesta por el Partido Acción Nacional en 2014, la cual plantea la protección de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural.

“Para este miércoles 19 de agosto está previsto abordarse el tema en la sesión extraordinaria de la LXXIII Legislatura. Dicha modificación representa una regresión absoluta de los derechos humanos, contraria al principio de progresividad consagrado en el artículo primero 1 de la Constitución federal, contraviniendo estándares internacionales y poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el ejercicio de los derechos humanos de la población en general”, externaron los colectivos a través de una rueda de prensa y un comunicado.

Dijeron que tal  preocupación ya ha sido señalada por instancias internacionales como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, este último incluso -junto con otras instancias de Naciones Unidas- hicieron llegar un documento en  junio de 2014 a la actual legislatura, instando a no contribuir al retroceso en los derechos humanos.

Las feministas dijeron que aunado a lo anterior, una modificación de este tipo detiene los avances de la ciencia. “Si hablamos de vida desde la concepción, tendría que sancionarse, por ejemplo, a quienes practican la reproducción humana asistida”.

Así mismo señalaron que es preocupante que la actual legislatura no haya realizado mesas de discusión y debate, con argumentos científicos, laicos y de derechos humanos, para una modificación legislativa que impacta la Constitución estatal. Tampoco fueron discutidas propuestas presentadas desde sociedad civil en junio de 2014 para reformar el tipo penal del aborto previendo la ampliación de excluyentes de responsabilidad.

Concluyeron que aprobar esta reforma mostraría una clara falta de representación de la ciudadanía por parte de los diputados y diputadas, así como una ignorancia en torno a los derechos humanos y las obligaciones del estado mexicano al respecto. “La reforma, representa un franco retroceso, siendo, además, claramente inconstitucional”.

El documento fue suscrito por la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir (integrada por 50 organizaciones del país), Católicas por el Derecho a Decidir, AC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Colectivo Mujeres de Botas, Colectivo Plural de Mujeres, Género, Ética y Salud Sexual, AC (GESSAC), Pro Salud Sexual y Reproductiva, AC (Prosser), Voces de Mujeres en Acción, AC, Héctor Mendoza, Doctor en derecho e integrante del Colegio de Bioética, AC, así como otras organizaciones integrantes del Frente por el derecho a decidir en Nuevo León.

Para que proceda la reforma constitucional que garantiza la vida desde la concepción hasta la muerte natural, es necesaria una segunda votación. La historia de esta pretendida reforma constitucional para el estado de Nuevo León, es larga. Hace 18 años que la iniciativa de reforma a la Constitución local, está congelada, tras una lucha importante y decisiva de mujeres organizadas que impidieron se llevara a votación.

Ahora, de proceder en la segunda votación, permitiría la reforma el artículo primero de la Constitución del estado de Nuevo León, con el objetivo de “reconocer y proteger el derecho a la vida de principio a fin, desde el momento en que comienza la vida humana y hasta que llegue a su término en forma natural, sin intromisión ajena al proceso biológico del desarrollo humano el cual sólo debe verse interrumpido en forma natural, impidiendo con esto cualquier violación a la dignidad de cada ser de nuestra especie y evitando la privación de la vida humana en forma arbitraria”,  dotando de personalidad jurídica al embrión, ignorando las obligaciones que el Estado tiene en materia de derechos humanos para las mujeres.

Como hemos documentado, estas modificaciones han sido  ya plasmadas en las constituciones de 16 entidades del país, a raíz de las reformas en el Distrito federal que despenalizan el aborto en el primer trimestre del embarazo, y han generado un clima de persecución hacia las mujeres, pues de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), de 2009 a la actualidad se han incrementado las denuncias por aborto de 63 a 226 por año.

En la misma línea, de una legislatura conservadora, el Congreso de Nuevo León aprobó el pasado mes de abril la celebración, cada 25 de marzo, como el Día de la Protección de la Vida Humana que está por Nacer.

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Latinoamérica: Lento y desigual el progreso de las mujeres

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Sara Lovera y Lucrecia Maldonado / SEMIac

En los últimos 20 años la situación de las mujeres en Latinoamérica ha mejorado lenta, pero sostenidamente, asegura la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) al evaluar la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en un informe que se presentará en Nueva York la próxima semana.

El balance deja resultados heterogéneos e insuficientes, con variaciones y ritmos diferentes entre países y entre el medio urbano y rural.

Lo más preocupante para CEPAL es la debilidad institucional para aplicar políticas públicas. No hay suficiente presupuesto y reconocimiento a los institutos, ministerios o secretarías de la mujer y, aunque existen leyes para frenar la violencia contra las mujeres en todo el continente, la impunidad y la desigualdad social conspiran en contra.

Al examinar la economía y la pobreza, el informe afirma que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres requiere un cambio estructural de gran calado.

Muchos países han avanzado en sus legislaciones, pero no hay un cambio de mentalidades, lo que dificulta que las mujeres ejerzan su autonomía y logren la igualdad.

A lo largo del examen de CEPAL hay una crítica velada a los gobiernos que prefieren desarrollar programas asistenciales y de apoyo a las mujeres pobres, dejando de lado los que realmente les den herramientas para su “empoderamiento” y desarrollo.

El reto ahora es consolidar logros alcanzados; estos, afirma, “corren riesgo de retroceder debido al peso de la cultura política y social” en la región.

El informe regional sobre el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, divulgado el 28 de febrero último, contiene datos que serán debatidos en la próxima sesión de la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer de la ONU (marzo 9-19) en Nueva York, a donde acudirán 166 delegaciones oficiales y unas 5.000 mujeres del mundo.

Discurso no discriminatorio

El informe reconoce exitosos cambios jurídicos y que casi desaparecieron las leyes abiertamente discriminatorias en América Latina y el Caribe. También es general el reconocimiento a la igualdad entre mujeres y hombres en constituciones, leyes específicas, planes nacionales, proyectos y programas.

Un hito es el reconocimiento en varios países a la diversidad de familias; reformas al matrimonio “las que, más allá de su importancia jurídica, demuestran cambios culturales significativos”.

El acceso de las mujeres a puestos de representación política y su presencia en todas las esferas de toma de decisiones ha crecido en la región. Son cambios en la cultura democrática. Se aprobaron reformas al poder ejecutivo, al legislativo, al sistema electoral y las leyes de cuotas son cruciales, aunque, afirma reiteradamente el informe, “falta imponer las sanción en caso de incumplimiento”.

En estos 20 años, “seis mujeres fueron elegidas democráticamente para la presidencia y cuatro de ellas han sido reelectas, lo que da cuenta de otro cambio cultural positivo que muestra una ciudadanía distante de los estereotipos asociados a la participación política de las mujeres”.

En Cuba, 48 por ciento de las representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) son mujeres. Hay paridad en México, Costa Rica, Venezuela y Ecuador.

La autonomía económica

El progreso para conseguir la autonomía económica de las mujeres ha sido pausado e insuficiente. Preocupa la importancia de reducir las diferencias salariales; poco se avanza en cambios del mercado laboral entre mujeres y hombres como punto fundamental para combatir la pobreza en la región. Todavía en las áreas de decisión económica es casi nula la participación femenina.

La participación laboral de las mujeres, según CEPAL se ha mantenido sin cambios, las mujeres que poseen un nivel educativo más alto, menores cargas familiares y más recursos para adquirir servicios de cuidado, tienen una mayor participación económica. No hay cambios en la estructura del mercado laboral y si a esto, “se suman los datos sobre distribución del tiempo entre mujeres y hombres, se observa que los costos de la participación laboral han sido asumidos de manera individual y privada por las mujeres”.

Las políticas públicas no han contribuido a mejorar las condiciones de acceso de las mujeres al mercado laboral, ni a garantizar el trabajo, lo que se traduce en un su poca capacidad para acceder a remuneraciones equivalentes a las de los hombres o al derecho a la pensión para poder enfrentar la vejez sin depender de otra persona.

En la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres constituyen una porción importante de los grupos con menores ingresos. Una de cada tres mujeres no posee ingresos propios, mientras que uno de cada 10 hombres se encuentran en esa condición.

Países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras presentan las mayores brechas entre zonas urbanas y rurales en la proporción de mujeres sin ingresos propios. Mientras que Ecuador y México son los únicos países de la región donde la proporción de mujeres sin ingresos propios en la zona urbana es mayor que en la zona rural.

En 2011 las mujeres dedicaban en promedio 38,2 horas semanales en el empleo formal remunerado y los hombres 44,8, y ocupan lugares más precarios y con menores retribuciones.

En los países con información disponible, el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado es al menos el doble del que dedican los hombres a este tipo de tareas y puede llegar a ser hasta cuatro veces mayor, como en los casos del Brasil, Costa Rica y Ecuador.

Otro dato que se especifica es que, en la región, en estos últimos 20 años, ha disminuido la proporción de mujeres que se emplean en el servicio doméstico, pasando de 15 por ciento a 11,6 por ciento. Bolivia y Ecuador redujeron esta proporción en más de 40 por ciento, ubicándose en el grupo de países latinoamericanos con menor proporción de mujeres empleadas en esta categoría.

En el otro extremo se encuentra Costa Rica, donde el empleo en el servicio doméstico ha crecido 60 por ciento. México, señalan, destaca por la adopción de leyes a favor de las trabajadoras domésticas y también por la inclusión en la Ley Federal del Trabajo del concepto de trabajo decente con perspectiva de género; así como la prohibición de discriminación por género o estado civil, realizar, permitir o tolerar actos de hostigamiento o acoso sexual, y exigir certificado médicos de no embarazo para el ingreso.

En este terreno, el desafío de los países latinoamericanos es desarrollar políticas que no solo mejoren el acceso al mercado de trabajo de las mujeres y apoyen su permanencia en él, sino que integren el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado.

“Tendrán que abocarse de manera fehaciente a desarticular las barreras de la segmentación ocupacional que mantiene a las mujeres mayoritariamente en los sectores de servicios y cuidados”, señala el citado informe.

En salud y violencia CEPAL no puede medir

La salud de las mujeres y la violencia contra ellas son dos temas que los países destacan en sus reportes como temas fundamentales, no solo haciendo alarde de los avances, sino subrayando los desafíos que quedan pendientes.

Como problemas prioritarios, la mayoría de los informes han resaltado la mortalidad materna, las dificultades en el acceso a la salud sexual y la procreación responsable, así como el cáncer cérvico-uterino.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, una de las principales lacras que se mantienen y persiste como un problema en aumento en la región, el gran obstáculo es la lentitud de la justicia y la falta de programas de prevención, pese a que la mayoría de los países tienen legislación que reconoce la violencia contra las mujeres. Es todavía un desafío la tipificación del feminicidio como delito.

CEPAL destaca que muchos países no evalúan la eficacia o no de programas y políticas públicas destinadas a eliminar la violencia contra las mujeres. Por eso CEPAL no cuenta con un panorama regional que permita identificar la magnitud del problema de la violencia, debido a la escasa recolección de información estadística y a que los registros administrativos en general aportan datos aislados sobre ciertos servicios sin permitir un diagnóstico completo.

La mortalidad materna, destaca el informe, no solo no ha disminuido sino que las cifras disponibles -que no siempre dan una dimensión real del problema- hablan de crecimiento y de la desigualdad de acceso a una correcta atención en salud.

“La mortalidad materna continúa siendo una gran herida del desarrollo en la región y uno de los mayores problemas es que no existan métodos confiables para su medición”, subraya CEPAL.

En la práctica, la autonomía física de las mujeres enfrenta aún cuestionamientos que se convierten en restricciones a los derechos reproductivos, como por ejemplo el acceso al control de la fecundidad, la ausencia de educación sexual y la imposición de una maternidad no deseada.

Una consecuencia es el embarazo en la adolescencia. En la región la tasa de fecundidad juvenil es una de las más altas del mundo. “Este es un nudo no resuelto que contribuye a perpetuar el ciclo de pobreza, vinculada con la deserción escolar y las dificultades para la vida laboral”.

Respecto de la trata de mujeres con fines de explotación sexual o laboral, el informe apunta que los países de la región han incorporado nuevas normas y leyes con el fin de frenar este tipo de violencia.

Once países de América Latina y cuatro del Caribe cuentan con leyes específicas para combatir la trata de personas, y varios países han desarrollado planes de acción en la materia. En el caso de México se recalca que la Procuraduría General de la República cuenta con el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC), que opera en diversas áreas.

Además, se creó una Fiscalía Especial para la atención de la violencia contra las mujeres y la trata de personas, que recibe denuncias vinculadas a los delitos de su competencia y atiende de manera integral a las víctimas.

Los desafíos

Los retos son muchos e importantes: “la perspectiva de género debe permear la medición del desarrollo, el diseño de estrategias y los objetivos de las políticas”. Hoy urge garantizar la autonomía económica y física de las mujeres, así como su acceso a la toma de decisiones en todos los niveles, dice CEPAL.

Como desafíos a futuro, los países deberán desarrollar políticas que no solo mejoren el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y apoyen su permanencia en él, sino que integren el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado.

Tendrán que abocarse de manera fehaciente, además, a desarticular las barreras de la segmentación ocupacional que mantiene a las mujeres mayoritariamente en los sectores de servicios y cuidados y deberán superar la brecha salarial existente entre ellas y los hombres.

Los países de América Latina y el Caribe deben además “asegurar la autonomía física, económica y en la toma de demisiones de las mujeres para lograr una verdadera igualdad de género en la región”

Finalmente, el informe señala, a modo de conclusión, que las trasformaciones ocurridas durante 20 años, aunque dispares, son profundas. Los que hay que esperar ahora es que, cuando se determine la agenda para el desarrollo después de 2015, los países de la región le den el impulso necesario para lograr la igualdad real y el desarrollo sostenible.

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Investigarán situación de feminicidio en Nuevo León

 

 

ACCEDE SISTEMA NACIONAL INVESTIGAR FEMINICIDIO EN NUEVO LEÓN

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  • Dictaminarán activación de Alerta de Violencia de Género en el estado
  • Demanda sociedad civil un plazo de dos meses para que las autoridades determinen acciones para resolver esta problemática

 

En un hecho sin precedentes, la sociedad civil de Nuevo León logró que el Sistema Nacional para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres acordara investigar la situación de feminicidio que priva en esa entidad, luego de la demanda interpuesta por la organización Arthemisas por la Equidad, AC, con el apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Esta determinación tomada en la sesión realizada el pasado viernes 30 de enero, responde a la exigencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres en Nuevo León, y obliga a las autoridades de esta entidad a tomar acciones firmes y efectivas para atender la preocupante situación de feminicidio y desapariciones de mujeres. Las organizaciones ciudadanas demandan a su vez que estas acciones se concreten en un periodo de dos meses a partir de esta reunión del sistema.

Cabe destacar que la sesión de este viernes fue producto de una orden judicial, toda vez que el Sistema había negado a Arthemisas por la Equidad, AC, la procedencia de su solicitud presentada en enero de 2012 para investigar la situación de feminicidio en Nuevo León y activar la Alerta de Violencia de Género en el estado.

A tres años, por mandato judicial, se reconoce el interés legítimo de Arthemisas por la Equidad, de defender los derechos humanos y exigir para las nuevoleonesas una vida libre de violencia. La autoridad judicial señala también que al no iniciar investigaciones sobre el problema del feminicidio, se violentan los derechos humanos de las mujeres.

El Sistema está integrado por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Gobernación, la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, los titulares de las dependencias federales de Desarrollo Social, Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, Educación Pública, Salud, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, quien funge a su vez como Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como representantes de las Cámaras de Diputados y Senadores, y las titulares de los 27 institutos estatales de las Mujeres y las dos Secretarías estatales de la Mujer.

Este Sistema en pleno se vio obligado a sesionar  en cumplimiento de la sentencia de amparo que dictó el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en la que se ordena reponer el procedimiento de la sesión extraordinaria donde se negó, sin fundar ni motivar, la solicitud de Investigación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado de Nuevo León, realizada en el 2012.

“La Alerta de Género fue creada como un mecanismo de protección urgente, para la coordinación de diversas instancias de gobierno con el fin de evitar el incremento de la violencia contra las mujeres y la generación de graves violaciones a los derechos humanos. Desde la sociedad civil, consideramos que la Alerta de Género es un recurso correctivo, ante las deficiencias de la política pública y criminal para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Lamentablemente, después de siete años no se ha podido activar este mecanismo”, manifestó Irma Alma Ochoa, directora de Arthemisas por la Equidad, durante la sesión del Sistema.

En enero de 2012 la organización Arthemisas por la Equidad, apoyada por Alternativas Pacíficas, AC, Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León, AC y ProSalud Sexual y Reproductiva, AC, solicitó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, después de registrar un aumento de 689 por ciento en los asesinatos con características feminicidas en el estado de Nuevo León y, en especial en la zona metropolitana de Monterrey registrados entre 2000 y 2011, además de una preocupante situación de desaparición de mujeres.

Ante la negativa del Sistema, Arthemisas inicio un largo proceso jurídico, respaldada legalmente por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y, en noviembre de 2014, el Primer Tribunal Colegiado le otorgó el amparo de la nación y ordenó al Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres volver a sesionar para determinar la procedencia de la Declaratoria de Alerta.

En el tiempo entre las dos sesiones del Sistema (2012-2015) se registraron 317 asesinatos de mujeres en el estado, tres de ellos en lo que va del presente año, apuntó Irma Ochoa.

Durante su participación en la reunión, Arthemisas por la Equidad y el Observatorio demandaron que las autoridades reconozcan que han sido omisas en resolver los feminicidios y desapariciones de mujeres y actúen en consecuencia. Además hicieron las siguientes demandas:

  1. Que el Sistema Nacional inicie de manera inmediata la investigación de feminicidios en Nuevo León y presente los resultados en un tiempo no mayor de dos meses, a partir de la fecha de esta sesión.
  2. Que la conformación del grupo interinstitucional y multidisciplinario, responsable de realizar la investigación de los hechos afirmados por la organización solicitante, la integren personas que cuenten con reconocida experiencia en materia de violencia contra las mujeres, especialmente en desapariciones y feminicidio, procuración de justicia, evaluación de eficiencia institucional y litigio de casos de violaciones graves de los derechos humanos de las mujeres, con la finalidad de que se garantice el debido proceso y la debida diligencia en las investigaciones sobre desapariciones y feminicidios.
  3. Que con independencia del informe que presente el gobierno del estado, el grupo interdisciplinario garantice la ampliación de la indagatoria a efectos de que se allegue a mayor información con las demás instancias del gobierno, y se tome en consideración a las víctimas, informes independientes y otras fuentes de investigación autónomas.
  4. Que en virtud de la problemática y el tiempo que se ha tardado en resolver esta situación, el grupo de investigación trace el tipo de acciones a implementar de manera inmediata para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres de Nuevo León.
  5. Que el Sistema asuma su obligación de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres a una vida libre de violencia, tal como lo establecen diversos tratados internacionales, así como las recientes recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW y el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas.

Durante la sesión Yuriria Rodríguez, abogada del Observatorio y representante legal de Arthemisas, señaló la necesidad de reformar el Código Penal en relación con el tipo penal de feminicidio. Dijo que a la fecha no se aplica debido a que no cumple con la característica de autonomía y objetividad y exige la existencia de elementos subjetivos como “conductas de género”. Señaló también que a pesar de que en la misma ley que le da origen cuenta con la obligación de tener un protocolo de investigación, a la fecha no cuenta con tal herramienta.

A su vez María de la Luz Estada, coordinadora del Observatorio exigió se respetara el derecho de audiencia de las peticionarias para establecer un diálogo, responder preguntas y estar al tanto de los argumentos que se vertieran y se determinara con votación de demanda de la peticionaria. La sesión concluyó con 30 votos a favor, una abstención (del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León) y ningún voto en contra, dando pie así al acuerdo de iniciar la investigación sobre feminicidio en el estado.

 

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Demandan medidas urgentes y efectivas para la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres en Nuevo León

Demandan medidas urgentes y efectivas para la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres en Nuevo León

Del año 2000 a la fecha, 853 mujeres asesinadas en el estado; 615 en la presente administración

PRONUNCIAMIENTO ÍNTEGRO PRESENTADO ESTE DÍA POR ORGANIZACIONES QUE DIFUNDEN Y PROTEGEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES,conf prensa 25 nov 1 EN NUEVO LEÓN

El derecho a vivir una vida sin violencia ha sido una demanda de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, quienes desde 1981 eligieron el 25 de noviembre para recordar a las hermanas Mirabal de República Dominicana que fueron asesinadas en 1960 por el entonces gobernante Rafael Trujillo. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas en 1999.

Esta fecha es un llamado de atención a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran millones de mujeres en el mundo, y México y Nuevo León no están exentos de esta problemática: de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011 realizada por el INEGI e INMUJERES, el 63 por ciento de las mujeres de 15 años o más han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor (conocido o desconocido), en el caso de Nuevo León la cifra es del 62 por ciento.

La violencia generalizada que vive el país en años recientes se ha reflejado también en la entidad, según datos hemerográficos recopilados por Arthemisas por la Equidad, A. C. del 2000 a la fecha se han registrado 853 asesinatos de mujeres en el estado, 686 a partir de que Felipe Calderón implemento su estrategia contra el crimen organizado (518 en su sexenio y 168 en lo que va de la actual administración federal).

Estas mismas cifras se dividen en 159 asesinatos de mujeres durante la administración estatal de Natividad González Parás y en 615 asesinatos de mujeres en lo que va del gobierno de Rodrigo Medina, de los cuales 62 casos corresponden al presente año (47 en la zona metropolitana de Monterrey y 14 en el resto del estado.)

En estos 15 años: el 59.4 % de las mujeres asesinadas estaban en un rango de edad de 15 a 39 años; 272 de estas mujeres no han sido identificadas; 453 crímenes se imputaron grupos delincuenciales (53.16 %), 152 a la pareja sentimental (85 cónyuge, 44 concubinario, 23 pareja), y 21 a los ex (cónyuge, pareja, concubinario, novio.)

El 40.61 % de estas mujeres perdieron la vida baleadas (346), el 43.52 % fueron asesinadas con métodos que implican el uso excesivo de la fuerza como lo son los golpes (10.79 % / 92); heridas punzocortantes (12.79 % / 110); asfixia (7.15 % / 61); estrangulamiento (7.51 % /64); y calcinación (5.28 % / 45).

A esta información se suman los datos disponibles en el portal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, en donde al hacer el recuento de este año encontramos un promedio mensual de 1,250 denuncias por violencia familiar y 252 delitos equiparables a violencia familiar; seis mujeres asesinadas, 51 violaciones sexuales y 24 equiparables a violación, 13 mujeres raptadas y la denuncia de 18 delitos de estupro por mes.

En el tema de desaparición de personas Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León (FUNDENL) han registrado 96 personas desaparecidas del 2012 a la fecha: 79 hombres, 13 mujeres, y cuatro sin identificar. Según organismos no oficiales se calcula que desde el 2006 a la fecha han desaparecido en el estado mil doscientas personas, la mayoría de ellas varones en edad reproductiva, y en un porcentaje de 30 por ciento con complicidad de algunas de las policías de cualquiera de los tres niveles.

A todo esto se agrega la violencia institucional que también ha ido minando los derechos de las mujeres, tal y como lo ha experimentado Alternativas Pacificas, A. C. en su trabajo de apoyo y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia: las dependencias encargadas de atender estos casos suelen ponen trabas a las denuncias, obstaculizan los divorcios necesarios, presionan a las mujeres para que se desistan en las denuncias o perdonen al victimario, las confrontan con los agresores, y limitan el acceso a los mecanismos de seguridad como son las órdenes de protección, es decir fallan en el otorgamiento de la justicia.

La violencia hacia las mujeres se manifiesta en todos los espacios, lo mismo sucede en el hogar, que en la calle y en el trabajo, tal y como se ve en las cifras de la ENDIREH (2011) correspondientes a Nuevo León: tres de cada diez mujeres asalariadas (28 %) que trabajaron durante el último año enfrentaron actos de discriminación laboral por parte de sus empleadores; el 44 por ciento de las mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación; de las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual el 24.9 por ciento ha pensado o intentado en suicidarse.

Ante este panorama que se agrava cada vez más, hoy 25 de noviembre, desde la sociedad civil y como organizaciones preocupadas por la seguridad de las mujeres y las niñas, demandamos acciones y políticas públicas efectivas y eficientes acordes con lo que marca la propia normatividad nacional y los tratados internacionales. Es necesario que los distintos niveles de gobierno reconozcan que existen problemáticas complejas que necesitan de personal capacitado, sensibilizado, con recursos propios, que realmente ofrezcan soluciones y ayuden a garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de la mitad de la población.

Organizaciones firmantes: Alternativas Pacificas, AC, Arthemisas por la Equidad, AC, Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León, AC (CIMAC Nuevo León), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDENL), Pro Salud Sexual y Reproductiva AC (PROSSER.)

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Este domingo, concentración convocada por FUNDENL

Este domingo, concentración convocada por FUNDENL

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